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sábado, 31 de enero de 2015

En la Ciudad de México, se distribuye gas como “en el siglo antepasado”: Luege Tamargo

En la Ciudad de México, se distribuye gas como “en el siglo antepasado”: Luege Tamargo

“Estamos en una situación riesgosa que tenemos que superar” señaló.
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La Ciudad de México es la última gran capital en el mundo en la que todavía se distribuye el gas como “en el siglo antepasado”, denunció José Luis Luege Tamargo, presidente del movimiento ciudadano “Ciudad Posible”.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, señaló que vivimos en la “triste realidad del anacronismo”, en cuanto a la distribución de gas, por lo que urge una “modernización energética”.
Luege Tamargo comentó que se debe terminar con la movilización de pipas por las calles; precisó que actualmente hay mas de 3000 pipas, y 4000 camiones  que reparten cilindros de gas, lo que representa un riego.
En este contexto, ocurrió la explosión el jueves en el Hospital Materno Infantil, a causa de una fuga de gas, provocada por una pipa surtía. Hasta ahora se ha informado que hubo tres muertos y 73 heridos.
Para evitar ese tipo de eventos, dijo Luege, hay que implementar la distribución de gas por tubería, ya que es “mucho más seguro”.
Explicó que “los sistemas se manejan a presión, pero el estándar de seguridad es más alto”.
Sin embargo, en la Ciudad de México, la implementación de ese sistema no ha sido posible,debido a la “terrible corrupción en las delegaciones, que impide y obstaculizan permisos para gas entubado”.
Cuando “hemos consultado a empresas, resulta que cada línea que tienen que meter para el suministro de gas, necesitan permiso especial y  los extorsionan, les piden dinero”.
“Estamos en una situación riesgosa que tenemos que superar”, advirtió.

9 bebés graves, tras explosión en hospital de Cuajimalpa

9 bebés graves, tras explosión en hospital de Cuajimalpa

En Noticias MVS, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, reportó que hay 13 menores de edad lesionados, tras el colapso e incendio en el hospital donde se encontraban. Uno de ellos tiene quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo.
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El secretario de Salud del DF, Armando Ahued, indicó en conferencia de prensa que tras la explosión que provocó el colapso e incendio en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, nueve bebés están graves. 
Después, en entrevista para Noticias MVS primera emisión, el funcionario precisó que, hasta la mañana de este viernes, permanecen 39 personas hospitalizadas, 18 se encuentran graves y 21 estables.
Ahued expuso que en el caso de uno de los bebés graves, “tiene más del 80 por ciento de la superficie corporal quemada, y sí está delicado por supuesto, está ahí en el (hospital) ABC”.
Indicó que hasta ahora se tiene confirmada la muerte de 3 personas -una mujer adulta y dos bebés- por la explosión del jueves en el hospital ubicado en la delegación Cuajimalpa.

viernes, 30 de enero de 2015

Gas Express Nieto obtuvo 77 mdp, en contratos del GDF

Gas Express Nieto obtuvo 77 mdp, en contratos del GDF

Catorce contratos, con la Secretaría de Salud capitalina, fueron asignados a través de adjudicaciones directas, sin competencia, con el objetivo de abastecer gas L.P. en la red de hospitales de la Ciudad de México.
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La empresa Gas Express Nieto, propietaria de la pipa que causó este jueves la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, obtuvo contratos por más de 77 millones de pesos de la Secretaría de Salud del DF, entre los años 2011 y 2014.
Los 14 contratos con la Secretaría de Salud capitalina fueron asignados a través de adjudicaciones directas, sin competencia, y el objetivo era abastecer gas L.P. en la red de hospitales de la Ciudad de México, entre ellos el materno infantil de Cuajimalpa, donde este jueves se reportó el fallecimiento de una mujer y un bebé por la explosión.
De ese modo, Gas Express es el único proveedor de los hospitales públicos del DF.
Noticias MVS hizo una búsqueda de las contrataciones en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud capitalina. La consulta arrojó 14 contratos entre 2011 y 2014.
Los contratos de 2015 entre la dependencia y la empresa, aún no están disponibles para su consulta pública.
El jueves, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, señaló que se hará una investigación administrativa sobre la asignación de los contratos y explicó que estos datan desde 2007.
“El contrato con esta empresa data de 2007, entonces es una empresa que viene abasteciendo todos los hospitales de la ciudad desde 2007. Nosotros tenemos que hacer toda la investigación hasta agotarla, toda la investigación incluye todo, necesitamos revisar todos los esquemas de protección civil, la contratación de la empresa, obviamente todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y agotaremos los dictámenes periciales de rigor para estos casos”, explicó.
Durante 2011, Gas Express Nieto obtuvo contratos por 17 millones 677 mil pesos con la Secretaría de Salud del DF; en 2012, por 18 millones 852 mil pesos; en 2013, por 18 millones 200 mil pesos y durante 2014, por 22 millones 482 mil pesos.
La Secretaría justificó las asignaciones directas a Gas Express Nieto con base en la Ley de Adquisiciones capitalina; uno de los artículos citados señala que el gas L.P. está sujeto a un precio oficial, por lo que la oferta será la misma entre todas las empresas.
A nivel federal, Gas Express Nieto ha obtenido 81 contratos por 68 millones de pesos entre 2009 y 2014, de los cuales 34 corresponden a instituciones hospitalarias.
Las páginas de transparencia indican que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 18 contratos por 24 millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 13 por 6 millones 671 mil pesos y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) tres, por un millón 91 mil pesos.
De los 81 contratos con el Gobierno federal, Gas Express Nieto obtuvo 49 a través de asignaciones directas; 27 por licitación y 5 por invitación a por los menos 3 empresas.
Otras áreas del Gobierno Federal que tienen contratos con Gas Express Nieto son la Presidencia de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Deporte.
La explosión de este jueves en el Hospital Materno Infantil, no es el único incidente en el que se ha involucrado Gas Express Nieto.
Ayer se cumplieron exactamente seis meses de otro accidente de gran magnitud de la empresa. El 29 de julio de 2014, una pipa explotó en la colonia Cerrito Colorado de Querétaro, que causó tres muertes.
De acuerdo con información proporcionada a Noticias MVS por el portal ADN Informativo, de Querétaro, el accidente se registró debido a un golpe que afectó una válvula de seguridad del vehículo.
La explosión además dejó ocho personas lesionadas, daños en 50 metros a la redonda, cinco vehículos quemados y 150 personas evacuadas.
Tras la explosión, los damnificados se quejaron por la falta de atención de la empresa gasera, por lo que el gobierno de Querétaro exigió públicamente el pago de las indemnizaciones, e incluso amagó con presentar una denuncia para que se cumplieran los acuerdos con los lesionados.
El 31 de julio de 2014, una pipa de la misma empresa volcó a la altura del kilómetro 26 de la carretera libre a Celaya, debido a que circulaba a exceso de velocidad.
Asentada en Querétaro, la empresa es dirigida por Sergio Nieto del Río, cuyo abuelo, Raúl Nieto Boada, fundó la empresa en 1939.
Según su página de internet, en la actualidad, tienen más de 4 mil trabajadores directos y supera las mil unidades de reparto en 35 plantas distribuidoras que cubren 80 por ciento del país, lo que la coloca como una de las mayores distribuidoras mexicanas de gas L.P.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que se investigará si los tres operadores de la pipa que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, cumplieron con los protocolos de seguridad y protección civil.
“Los protocolos los tienen los propios operadores, cómo tiene que hacer el manejo de válvulas, cómo están al exterior las fuentes de suministro y eso es lo que vamos a investigar. Lo que se dice de inicio por los operadores y por las personas que llegaron ahí u algunos de los vestigios que están en el sitio, es que trataron de controlar la fuga que provino de la manguera”, dijo.
En el país, existen Normas Oficiales que regulan la capacitación que deben tener los operadores de pipas de gas.
Las áreas en que deben estar calificados son manejo de gas L.P.; prevención y control de incendios; manejo de vehículos de transporte y manejo del equipo para distribuir el combustible.
Los operadores deben contar con una licencia especial, utilizar ropa de algodón y evitar el uso de protectores metálicos en calzado, peines y demás accesorios que puedan producir chispas.
El cumplimiento de la norma se realiza mediante visitas o actos de verificación ejecutados por la Dirección General de Gas L.P. de la Secretaría de Energía.
Cada pipa debe tener documentos que acrediten su buena operación, como un dictamen de cumplimiento con la Norma Oficial, programa de mantenimiento del vehículo y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que ampare los daños a terceros, ocasionados por la prestación de servicios de transporte o distribución de Gas L.P.
Asimismo, las válvulas de las pipas deben tener una antigüedad menor de once años a partir de su fecha de fabricación y menor de diez años a partir de su fecha de instalación.
El jueves, Noticias MVS llamó a la Secretaría de Energía para solicitar una entrevista, sin embargo se informó que por el momento no hay titular en la dirección de gas L.P.

Hacienda recorta 124 mil 300 mdp en gasto; “tijera” a presupuestos de Pemex y CFE

Hacienda recorta 124 mil 300 mdp en gasto; “tijera” a presupuestos de Pemex y CFE

Pemex tendrá que recortar 62 mil millones de pesos de su presupuesto. Mientras que la CFE deberá recortar 10 mil millones de pesos.
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A 124 mil 300 millones de pesos asciende el recorte al gasto público 2015, que representa 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, anunció este viernes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Los presupuestos de Pemex y la CFE resultarán afectados por ello.
Pemex tendrá que recortar 62 mil millones de pesos de su presupuesto. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad deberá recortar 10 mil millones de pesos.
Videgaray también se anunció la suspensión de importantes proyectos este año, como el tren de alta velocidad México-Querétaro.
El recorte fue justificado por Videgaray, por los bajos precios del petróleo, que implican menores ingresos para el país.
La “tijera” pasará también por diversos subsidios que otorga el gobierno federal, así como su gasto en Comunicación Social.
Todas las medidas anunciadas, dijo Videgaray, son ”de forma preventiva y responsable”, para descartar la necesidad de mayor financiamiento en los mercados, ante el entorno internacional más complejo.
El funcionario aseguró que dicho adjunte tendrá “un impacto marginal”, por lo que la dependencia no modifica su estimado de crecimiento para 2015, en un rango de 3.2 y 3.4 por ciento.
Señaló que por la elevación de las tasas de interés en el financiamiento, dado el contexto mundial, probablemente será más difícil obtener más recursos, “por lo que actuamos de manera preventiva a lo que será el ajuste en el gasto publico en 2016 y en adelante”.
Enfatizó que se trata de evitar que la problemática internacional se traduzca en inestabilidad para la economía de las familias mexicanas.
Con el recorte de 124 mil 300 millones de pesos al gasto público, “estamos anticipándonos a un problema”, no porque ya se tenga, sino para que el entorno internacional no se traduzca en un efecto adverso para la economía familiar, puntualizó el secretario de Hacienda.
Comunicado de la dependencia federal:

jueves, 29 de enero de 2015

AI: Es insuficiente alegar falta de pruebas sobre militares en Ayotzinapa; debe investigarse

AI: Es insuficiente alegar falta de pruebas sobre militares en Ayotzinapa; debe investigarse

Amnistía Internacional envió una carta abierta a Jesús Murillo Karam, en la que enumera sus preocupaciones sobre la investigación de la PGR, como la falta de pruebas periciales.
(Foto: Diego Simón Sánchez/Archivo Cuartoscuro)
No es suficiente alegar falta de pruebas sobre participación militar, sino que debe investigarse dicha posibilidad, dijo Amnistía Internacional en una carta abierta dirigida al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
En la carta publicada este miércoles 28, Amnistía Internacional enumera sus preocupaciones con respecto a la investigación de la PGR como son la falta de pruebas periciales que certifiquen la presencia de los normalistas en el basurero de Cocula, los señalamientos de tortura de parte de algunos imputados y el hecho de que ninguno de los detenidos haya sido procesado por el delito de desaparición forzada.
La carta firmada por Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, recuerda que la versión de la PGR “se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas” y no en pruebas periciales. También señala que preocupa la negativa a abrir otras líneas de investigación que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de Iguala.

A continuación la carta completa
Estimado Sr. Procurador General,
Como es de su conocimiento, Amnistía Internacional continúa observando muy de cerca el contexto mexicano y trabajando para promover la vigencia y el respeto de los derechos humanos de las personas en el país, como parte de su misión global de proteger los derechos fundamentales de todas y todos. En este sentido, Amnistía ha expresado en reiteradas ocasiones y en diversos foros, su profunda preocupación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de 6 personas, entre ellas tres estudiantes de la misma Normal, en hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014. Asimismo, la organización ha acompañado a las organizaciones de derechos humanos que luchan a favor de las víctimas en este caso y ha llevado a cabo distintas acciones de campaña, denuncias y actos de solidaridad internacional para promover la voz de los familiares y de la sociedad civil que exigen la presentación en vida de los estudiantes y el esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, el pasado 20 de enero, una delegación de Amnistía encabezada por mi persona en calidad de Directora para las Américas, realizó una visita a la Escuela Normal de Ayotnizapa con el propósito de conversar con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y continuar profundizando la documentación de este caso.
Lamentamos que durante mi visita a México -del 19 al 22 de enero- no se haya podido concretar una reunión con usted a pesar de la solicitud que hiciéramos a través de nuestra Oficina Nacional en México. No obstante, quisiéramos exponer por medio de la presente comunicación, algunas de las serias preocupaciones que tenemos en relación con este caso, mismas que esperamos puedan ser atendidas por la Procuraduría General de la República como institución encargada de la investigación de los hechos:
I. Investigación de los hechos En este aspecto, nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas. Las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales.
Al parecer, la única prueba pericial que señala la posible presencia de los estudiantes sujetos a desaparición forzada en el evento ocurrido en el basurero de Cocula es la identificación de restos óseos encontrados en un río cercano. Sin embargo, recordamos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha señalado que, pese a su presencia en la zona y su participación en otros hallazgos, “El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza”.
Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturados durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México es una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura.2 Asimismo, resulta de suma gravedad que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen.
Por otra parte, preocupa el reciente anuncio hecho por la PGR sobre el agotamiento de líneas de investigación y, en particular, la negativa a abrir otras líneas que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de desaparición, ya sea por omisión o acción. Amnistía Internacional cree firmemente que cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas específicas de las víctimas que, en este caso, han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial del Batallón 27 en Iguala. El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche en que desaparecieron sus compañeros, ante esto, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis.
Consideramos que el contexto de violaciones de derechos humanos en México, y del Estado de Guerrero en particular, en donde se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil, deberían inducir a la PGR a impulsar esta línea de investigación de forma eficiente y transparente y no descartarla.
II. Deslegitimación de las demandas de familiares y defensores de derechos humanos Amnistía Internacional lamenta el incidente ocurrido el pasado 12 de enero en el que soldados del Batallón 27 de Iguala se enfrentaron con los padres de los normalistas, en el intento de estos últimos de ingresar a las instalaciones militares. Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre. Preocupan, además, las declaraciones de algunos voceros del gobierno que resaltan la labor de las fuerzas armadas y deslegitiman el interés de los familiares en que se abran nuevas líneas de investigación; acusándolos de “querer generar desconocimiento” o querer involucrar [al] Ejército, como declaró el Secretario de Gobernación.
Preocupa también a Amnistía Internacional, las descalificaciones que han venido realizando instituciones gubernamentales contra las y los defensores de las víctimas. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos es una tarea absolutamente vital en todo Estado. Su integridad física y su ética profesional deben ser protegidas por las autoridades de cualquier país en el que desarrollen su labor.
Reiteramos la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, fortaleciendo todos los mecanismos, hasta tanto no agotar todas las líneas de investigación posibles. En este sentido, es imprescindible que la Procuraduría a su cargo genere, en conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los acompañan, una estrategia integral y un plan de búsqueda, que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello.
Amnistía Internacional continúa firme en su compromiso de apoyar a las víctimas y organizaciones de derechos humanos en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en muchos otros casos de violaciones de derechos humanos en México. Dentro de este compromiso por promover nuestra misión global de defensa y protección de los derechos humanos seguimos abiertos a mantener interlocución con las autoridades e instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones y abusos a las garantías y derechos fundamentales. Esperemos que las preocupaciones aquí expuestas puedan encontrar respuesta desde su despacho y sirvan para impulsar el diálogo con las autoridades mexicanas. Nos despedimos atentamente y quedamos atentos a su amable respuesta,
Erika Guevara Rosas Directora del Programa Regional para América

Gobierno mexicano socava Estado de Derecho al cerrar caso Ayotzinapa: WOLA

Gobierno mexicano socava Estado de Derecho al cerrar caso Ayotzinapa: WOLA

La organización considera que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.
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No se puede cerrar la investigación sobre Ayotzinapa, al hacerlo el gobierno mexicano “socava el Estado de Derecho”, señala en un comunicado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
La organización defensora de derechos humanoscritica la rueda de prensa que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció este martes para declarar concluida la investigación oficial sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
“Presentó (Murillo Karam) un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes…”
A continuación el documento íntegro publicado por WOLA en su sitio de Internet:

La investigación sobre Ayotzinapa no se puede cerrar: Posicionamiento del gobierno mexicano socava el Estado de Derecho
28 ene 2015
Washington, D.C.—El 27 de enero, cuatro meses después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam, se paró frente a las cámaras de televisión y declaró que la investigación sobre estos estudiantes estaba concluida. Presentó un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, y que incluyó las confesiones grabadas en vídeo de algunos de los supuestos perpetradores. Sin presentar nuevas pruebas, el Procurador revisó el acervo probatorio existente y dijo que el gobierno estaba seguro de que los estudiantes habían muerto y que su teoría del caso era correcta.
WOLA considera que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas. Mientras que el presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso. Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho.”
Frente al anuncio hecho por el Procurador, las familias de los estudiantes y sus representantes legales realizaron una conferencia de prensa. Rechazaron categóricamente la posición del gobierno y listaron varias razones por las cuales no se puede dar por concluido la investigación, como la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero donde supuestamente los jóvenes fueron quemados, la falta de investigación sobre la responsabilidad del Ejército y las alegaciones de corrupción política de otras autoridades del estado de Guerrero, las alegaciones de que algunos de los inculpados hayan sido torturados, y el hecho de que solamente se han identificado los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Los familiares declararon que continuarán buscando a sus hijos hasta que se presentaran con pruebas convincentes de que están muertos.
“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para certificar la versión del caso del gobierno.
Otro aspecto preocupante del anuncio del gobierno es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.
El caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que, “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña Nieto.”

Ayotzinapa, “una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción”: Freedom House

Ayotzinapa, “una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción”: Freedom House

México recibió una calificación de tres puntos en una escala del 1 al 7, en donde 1 es lo mejor y 7 lo peor. Revisa el informa íntegro.
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La organización Freedom House, que monitorea las democracias y libertades en el mundo, destaca laimpunidad que existe en nuestro país, específicamente por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La nota sobre México mereció una “flecha de tendencia a la baja“, por la crisis en Guerrero, luego de la desaparición de los estudiantes normalistas.
Freedom House señaló que el caso Ayotzinapa es “una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción entre las autoridades locales y el medio ambiente de impunidad en el País”.
México recibió una calificación de tres puntos, en una escala del 1 al 7, en donde 1 es lo mejor y 7 lo peor.
Dicho informe enfatiza que México es un país “parcialmente libre”.

El INE, y no una empresa, hará ‘software’ para fiscalizar campañas

El INE, y no una empresa, hará ‘software’ para fiscalizar campañas

"No habrá obstáculo técnico, informático o administrativo que impida a esta autoridad electoral cumplir con su responsabilidades en materia de fiscalización", aseguró el presidente del instituto, Lorenzo Córdova.
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El Consejo General del INE acordó instruir a la Junta General Ejecutiva para desarrollar e implementar una aplicación informática, que contribuya al cumplimiento de las obligaciones que en materia de fiscalización tiene la autoridad electoral, partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral en marcha.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizó que “no habrá obstáculo técnico, informático o administrativo que impida al Instituto cumplir con la fiscalización y, a los partidos políticos, ser sujetos de una fiscalización rigurosa y exhaustiva, la mayor de la historia del país”.
En sesión extraordinaria, que se prolongó la madrugada de este jueves, el pleno aprobó eldesarrollo del software propio tras el inició de rescisión del contrato firmado con la empresa Scytel.
Lo anterior con miras a la prestación del servicio para la implementación y soporte del Sistema de Contabilidad en Línea.
Córdova Vianello dijo que la Comisión de Recursos Materiales del instituto determinará si a la luz de la respuesta de Scytel sobre el incumplimiento en la entrega del primer módulo del sistema de fiscalización en línea continuará o terminará, con la rescisión del contrato iniciado el 19 de enero.
Indicó que la misión y la instrucción que se ha girado a las instancias competentes del INE,es la de “blindar” a la autoridad electoral frente al litigio derivado del incumplimiento del contrato suscrito por la empresa española.
El consejero presidente comentó que, al aprobarse el proyecto de acuerdo, se tiene garantía de que al inicio de las campañas electorales -el próximo 5 de abril- haya una aplicación informática que facilitará a partidos políticos cumplir con las disposiciones que manda la Ley General en la materia.
En tanto que al Instituto le facilitará atender lo dispuesto por la Ley electoral, “en caso de que se consolide el incumplimiento contractual de la empresa Scytel y se concrete en consecuencia la rescisión del contrato”.
Aclaró que el sistema de contabilidad en línea no es el modelo de fiscalización, sino uno de los componentes que lo integran.
Insistió en que “la herramienta informática que se busca construir de aquí al arranque de las campañas electorales, constituye una pieza clave del sistema de contabilidad en línea que mandata la propia Constitución”.
Es decir, “constituirá la base de desarrollos que en un futuro permitan facilitar y auxiliar el proceso de fiscalización no solo de las campañas electorales, sino también de los procesos eventuales de liquidación de partidos políticos, de informes anuales, entre otros”,

Explota pipa de gas en Cuajimalpa y colapsa Hospital Materno Infantil; van 7 muertos

Explota pipa de gas en Cuajimalpa y colapsa Hospital Materno Infantil; van 7 muertos

"Es una tragedia", comenta operador de la Cruz Roja. El jefe delegacional reporta que hasta ahora tiene confirmado que han muerto 3 adultos y 4 bebés.

La explosión de una pipa que estaba abasteciendo, esta mañana, al Hospital Materno Infantil provocó un incendio y el colapso de una parte del edificio, ubicado en la avenida 16 de septiembre, en la colonia Contadero; hay heridos y “algunas personas han perdido la vida”, dijo el jefe de la delegación Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, quien después precisó que ha contabilizado 7 muertos.
“Es la explosión de una pipa de gas que estaba abasteciendo el hospital, al parecer con un bajo mantenimiento… tenemos muchos lesionados, inclusive menores que están atrapados debajo de los escombros“, comentó Ruvalcaba en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
El funcionario indicó que hay “muchos heridos” y “tenemos pocas ambulancias”. Precisó que hasta ahora tiene confirmado que han muerto 3 adultos y 4 bebés. En tanto, 22 niños y 30 adultos han sido trasladados a hospitales cercanos, apuntó.
Por su parte, también en entrevista para MVS, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, precisó que el colapso fue de entre 30 y 40 por ciento del hospital. 
El mandatario señaló que la zona se encuentra acordonada. “Vamos a trabajar en el auxilio de la ciudadanía”, mencionó.
“La parte más cercana a la zona de abastecimiento… esta es la parte que colapsó”, precisó.
“Todos los cuerpos de emergencia (del GDF) están volcados en esta atención”, indicó Mancera.
Aquí algunas imágenes de lo ocurrido:
Ver imagen en Twitter

Policía Federal impide toma de caseta de cobro en Guerrero

Policía Federal impide toma de caseta de cobro en Guerrero

Hubo 14 jóvenes detenidos, quienes fueron liberados poco más de una hora después.
PF_NORMALISTAS
Jóvenes normalistas de Guerrero fueron detenidoscuando intentaban tomar la caseta de cobro en Palo Blanco de la Autopista del Sol.
Policías federales persiguieron por un par  de kilómetros a jóvenes encapuchados, identificados como normalistas, que a bordo de dos camionetas -una tipo pickup blanca y una urban- llegaron a la caseta, sin embargo los policías les pusieron el alto apuntándoles con sus armas.
El saldo fue de 14 jóvenes detenidos, entre ellos dos mujeres. Los normalistas fueron llevados a las instalaciones de la Policía Federal con sede en la capital Chilpancingo, en avenida de la Juventud , donde se congregaron sus compañeros y maestros de la Ceteg, para pedir su libertad, que se dio después de hora y media de espera.
Operativo Blindaje de la Autopista de Sol 
La Comisión Nacional de Seguridad confirmó la puesta en marcha de un operativo de seguridad que impedirá la toma de casetas así como el cobro de “cuotas” a quienes circulan en la Autopista del Sol, por parte de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, estudiantes o grupos de apoyo que demandan la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

miércoles, 28 de enero de 2015

10 razones para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa

10 razones para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa

Los padres de familia criticaron que las autoridades informen con prioridad a los medios de comunicación y no a ellos, como había acordado el propio Presidente.
Ayotzinapa
La Procuraduría General de la República (PGR) informó el martes que de acuerdo con sus investigaciones, los 43 normalistas desaparecidosfueron calcinados.
Ante las declaraciones de la autoridad, los padres de familia rechazaron la versión y afirmaron que seguirán con la búsqueda de sus hijos. También criticaron que las autoridades informan con prioridad a los medios de comunicación y no a ellos, como había acordado el propio presidente, Enrique Peña Nieto.
La organización defensora de los derechos humanos, Centro Prodh señala 10 puntos para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa, los cuales presentamos a continuación:
  •  Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
  • Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
  •  Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
  • Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
  •  Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
  •  Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
  •  Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
  • Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
  •  Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
  •  Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
Además, enfatizaron que “ante la falta de justicia y verdad en México”, los familiares irán ante las instancias internacionales. Una delegación se presentará ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para denunciar lo que ocurre en nuestro país.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México.






Versión de PGR vs. la de Ayotzinapa, sobre ‘El cochiloco’, Los Rojos, Guerreros Unidos…

Versión de PGR vs. la de Ayotzinapa, sobre ‘El cochiloco’, Los Rojos, Guerreros Unidos…

“Está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”, señaló el abogado de los padres.
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La “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, presentada el martes en la PGR, develó el presunto móvil de los hechos, por lo que integrantes del grupo del crimen organizadoGuerreros Unidos, presuntamente asesinaron y desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla: creían que eran parte de una banda rival, del crimen organizado en el estado.
“(Los integrantes de Guerreros Unidos) Utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra muchísimo, infiltrados, los estudiantes con Los Rojos, nosotros no hemos encontrado ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto, pero eso es lo que ellos pensaban, y ellos pensaban que había una infiltración, una asociación de unos con otros, en el relato dicen los contras, en algún momento lo vimos en este video, dicen los estudiantes, (dicen) ¿qué estudiantes?, eran los Rojos”, comentó el martes el procurador Jesús Murillo Karam.
Los Rojos y Guerreros Unidos se disputan desde hace al menos 4 años el territorio guerrerense, donde también opera una pequeña célula de La Familia Michoacana. La entidad está prácticamente repartida entre los 3 grupos, que no permiten que otro cártel pise lo que -consideran- es suyo, para traficar droga o extenderse a otro de los negocios del crimen: las extorsiones.
La PGR señala directamente al estudiante de Ayotzinapa, Bernardo Flores Alcaraz, alias “El cochiloco”, como quien ordena a los normalistas llegar a Iguala; además de que lo señalan como uno de los que enfrentó, primero verbalmente y después con piedras, a la policía de Iguala.
“Con estas narraciones (de los integrantes de Guerreros Unidos), asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida. Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado”, indicó el director de la agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.
En el video presentado ayer por la PGR se expone: “A las 19 horas (del 26 de septiembre) los estudiantes terminan sus actividades de boteo y abordan de nuevo los 2 autobuses con dirección a Tixtla. En este trayecto, son detectados por un halcón miembro del grupo Guerreros Unidos, el cual da aviso al líder de esta banda delictivaEn ese trayecto, el estudiante conocido como El Cochiloco, recibe una llamada telefónica de los estudiantes que se encontraban en la terminal de Iguala, pidiéndole apoyo porque tenían problema para apoderarse de más autobuses. El Cochiloco da la orden de regresar a Iguala, dirigiéndose a la terminal de autobuses de la empresa Costa Line, para apoyar a sus compañeros. A las 20 horas, los estudiantes llegan a la terminal de camiones Costa Line, perteneciente a la empresa Estrella Roja del Sur, ubicada en la ciudad de Iguala”.
“Los estudiantes descienden de los autobuses y algunos de ellos, acompañados de El Cochiloco y el Fresco tienen un diálogo con los policías pero no llegan a ningún acuerdo. Y la situación se torna rijosa”, señala en el video de la dependencia federal.
Además, se asegura: “Los normalistas inician la agresión, lanzando piedras a los policías y, a su vez, los policías responden disparando sus armas contra los estudiantes, dando como resultado, 2 estudiantes muertos y uno gravemente lesionado. Durante la balacera, algunos normalistas se dispersaron, logrando esconderse en la zona, y otros lograron huir”.
La versión de Ayotzinapa
Sin embargo, para el abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, la versión de la PGR tiene inconsistencias.
“Hay mucho por investigar, no se puede dar por cerrado, no hay una prueba contundente”, dijo esta mañana en Noticias MVS.
Efectivamente, el 26 de septiembre los estudiantes recababan fondos y buscaban autobuses, reconoció.
Pero “el chofer los encierra dentro del autobús, eso amerita un pedido de auxilio de los compañeros y acuden el resto de los autobuses a la terminal (de Iguala). De ahí viene toda la historia de la agresión”.
En Iguala, hubo “una confrontación dentro de la terminal, policías intentaron detenerlos”, detalló.
“Se fueron dando los hechos en cadena, situaciones que no estaban planeadas”, aseveró, en contraste con la versión de la PGR que desliza una especie de plan de los normalistas.
También refutó que los estudiantes tuvieran planeado boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala.
Respecto a los señalamientos de la Procuraduría General de la República, sobre que Bernardo Flores Alcaraz  el “Cochiloco” y Miguel Ángel Hernández “El Patilludo” estarían relacionados con el grupo criminal “Los Rojos”,el abogado rechazó las “aseveraciones totalmente fuera de lugar”.
Dijo que ambos los tienen totalmente identificados, formaban parte de la matrícula de la escuela, y eran del Comité de la Normal Rural, para lo que “tienen que ser nombrados en una asamblea, tienen que ser los mejores estudiantes… no llega al comité cualquier persona”.
“No dudamos, en lo más mínimo, de los compañeros“, mencionó.
Explicó que en la escuela Normal, es tradición poner apodos; se los ponen en la semana de prueba, pero no por eso son delincuentes. Incluso, reveló, hasta Lucio Cabañas tuvo el suyo: “El Chivo”.
Además aclaró que también son rapados los alumnos de primer ingreso, pues una de las costumbres en la escuela.
Precisó que “Cochiloco”, de tercer año y “El Patilludo” del segundo año, tuvieron una reunión previa con el resto de los estudiantes, para llevar a cabo su movilización.
Recalcó que “negamos categóricamente que estén relacionados con ‘Los Rojos’”.
Por lo que adelantó que “vamos acreditarlo de manera contundente, para que conste que son alumnos de la Normal”.
Por último, Rosales señaló que el director de la Normal Rural de Ayotzinapa , “nada tiene que ver con la delincuencia organizada; es de la corriente política del ahora gobernador, Rogelio Ortega, tuvieron pasado de lucha en los años 60 y 70”.
“Está fuera de lugar que digan que está involucrado con el crimen organizado y que él organiza las movilizaciones”, precisó.
Agregó que “está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”.
Hay “inconsistencias, en las propias declaraciones, que obligan a la PGR a seguir con la indagatoria, a continuar”.

Soldados tomaron fotos, pusieron contra la pared, y esculcaron a los normalistas: Turati

Soldados tomaron fotos, pusieron contra la pared, y esculcaron a los normalistas: Turati


Militares sí estuvieron en las calles de Iguala cuando desaparecieron los 43 normalistas, afirmó la periodista de 'Proceso', Marcel Turati. En Noticias MVS primera emisión, recordó que entrevistó al doctor Herrera, director de la clínica en la que se refugiaron algunos normalistas; además de que cuenta con el testimonio de un maestro, quien contó que los militares "revisaron (a los estudiantes), los empezaron a regañar, les dijeron que no anduvieran de vándalos, les tomaron fotos, hubo fotos, los pusieron contra la pared, los esculcaron...".

Caso Ayotzinapa no se puede dar por concluido: CNDH

Caso Ayotzinapa no se puede dar por concluido: CNDH

"Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos", dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez.
CNDH
El expediente del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción,afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, señaló al rendir su informe de actividades 2014 ante la Comisión Permanente y en posteriores declaraciones a la prensa.
Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
Los hechos de Iguala, indicó, son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, por lo que hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción, comentó el funcionario.
“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta Comisión Nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes”, dijo González Pérez,
Además, se muestra la inconformidad de los ciudadanos ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país justo e incluyente, mencionó ante los diputados.
Indicó que la CNDH defiende la libertad de expresión y, con ella, el derecho a la protesta social, siempre y cuando se realicen dentro de los límites de la legalidad.
“Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”, señaló.
Precisó que en el caso Iguala solicitaron medidas cautelares y se da un seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre del año pasado.
De igual manera, indicó, para la atención y acompañamiento a las víctimas se creó una Oficina Especial en diciembre pasado.
“El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
González Pérez también aseguró que hechos como Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, Guerrero, han provocado en la sociedad y las instituciones un nuevo paradigma de actuación.
En rueda de prensa, subrayó la necesidad de unificar en el país los tipos penales, pues, por ejemplo, no todos los estados tienen tipificado el delito de desaparición forzada, por lo que se deben llevar a cabo las adecuaciones jurídicas necesarias.
Sobre ese tema, el ombudsman nacional informó que los próximos 1 y 2 de febrero asistirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde dará un reporte que como institución nacional ha elaborado sobre ese tema.
Y comentó que a poco más de 70 días de que asumió la presidencia de la CNDH, trabaja bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.
El ombudsman agregó que los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las políticas públicas y de la actuación gubernamental. Sostuvo que no es admisible una actitud acomodaticia en esta materia tan sensible, ni en el ámbito nacional ni en el internacional.

martes, 27 de enero de 2015

Con su dolor a cuestas, los padres marchan por Ayotzinapa… y millares los acompañan

Con su dolor a cuestas, los padres marchan por Ayotzinapa… y millares los acompañan

Llegan al Zócalo desde cuatro puntos del DF y llaman a organizarse para transformar al sistema político mexicano; marchas en el DF y decenas de ciudades de México y el mundo.
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Vinieron desde cuatro puntos de la geografía urbana y, con su dolor a cuestas, desquiciaron el tránsito durante todo el día.
Son los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y no están solos. La consigna, repetida miles de veces desde aquella trágica noche de septiembre, tiene hoy una nueva concreción aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Hoy, lunes 26 de enero, los acompañaron miles de capitalinos en el Distrito Federal. También, contingentes de organizaciones no gubernamentales, familiares de otros desaparecidos, sindicalistas, estudiantes y grupos de maestros de Oaxaca, Morelos y el estado de México.
Y también,  a la distancia, marcharon millares de otros mexicanos en decenas de ciudades del país y del mundo, entre ellas Amsterdam, Madrid, París, Tampico, Cuernavaca, Oaxaca, Morelia, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, Culiacán…
En el Zócalo culminó la Octava Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, con el grito infaltable de “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Fue una jornada que incluyó unaoración colectiva interreligiosa de católicos, anglicanos, evangélicos y otros creyentes por la justicia para los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
Sobre el templete y ante una plancha llena a la mitad, los familiares de los desaparecidos subrayaron que el gobierno federal apostó al olvido y “hoy está demostrado que ni ellos ni el pueblo olvidarán”.
Durante el mitin, mientras caía la noche, los padres de los normalistas enfatizaron que no aceptarán que sus hijos están muertos, como plantea la PGR, sino hasta que haya pruebas científicas contundentes que lo demuestren. También advirtieron que no permitirán que haya elecciones en Guerrero.
Además, demandaron a la PGR abrir nuevas líneas de investigación, donde se indague la probable responsabilidad en los hechos de elementos del Ejército y del ex gobernador Ángel Aguirre.
Los militares, su presunta participación en la noche horrenda de Iguala, no dejan de estar presentes en los señalamientos de los familiares de los desaparecidos.
-Es necesario continuar la lucha por la presentación con vida de los normalistas -dijo uno de los oradores frente a Palacio Nacional-, pero al mismo tiempo, es preciso sentar las bases para que la sociedad, organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes emprendan la transformación del sistema político corrupto.
Vestido con pantalón de camuflaje militar y una playera negra con la leyenda “Ayotzinapa faltan 43″, Felipe e la Cruz tomó la palabra en el mitin en la plancha del Zócalo.
Luego de más de ocho horas de manifestaciones, las cuatro marchas que salieron de Indios Verdes, Zaragoza, Taxqueña y Auditorio Nacional llegaron a las 18 horas al Zócalo.
Las marchas, explicó el vocero, sumaron 43 kilómetros en sus recorridos. Reiteró que en Guerrero no permitirán que se realicen elecciones.
“No vamos a admitir la hipótesis de las autoridades, que no tiene una calidad de verdad”, advirtió el abogado Vidulfo Rosales, mientras la multitud coreaba reclamos contra el Presidente.

“No confío en la política de Estados Unidos”: Fidel Castro

“No confío en la política de Estados Unidos”: Fidel Castro

"Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendrían que ceder paso a normas que fuesen compatibles con la dignidad humana", indicó.
Castro fidel
El ex presidente cubano Fidel Castro indicó  que el actual mandatario Raúl Castro “ha dado los pasos pertinentes” en su reciente acuerdo con Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas, pero reiteró su desconfianza hacia Washington.
No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra”, señaló
En un mensaje difundido la noche del lunes, Castro reconoció que su hermano adoptó esa decisión “de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba”.
De esta forma, rompió el silencio que había mantenido sobre el histórico acuerdo anunciado el 17 de diciembre pasado por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro.
“Defender la paz es un deber de todos”, aseveró Castro en un mensaje que fue leído en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en una ceremonia que conmemoró el 70 aniversario de su ingreso a ese centro para estudiar la carrera de Derecho.
Según el ex gobernante, “cualquier solución pacífica y negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o cualquier pueblo de América Latina, que no implique la fuerza o el empleo de la fuerza, deberá ser tratada de acuerdo a los principios y normas internacionales”.
“Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos”, manifestó.
En su criterio, “los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendrían que ceder paso a normas que fuesen compatibles con la dignidad humana. De tales derechos no está excluido ningún país”.
“Con este espíritu he luchado y continuaré luchando hasta el último aliento”, apostilló.
La última aparición en público del ex gobernante de 88 años y alejado del poder desde 2006 por enfermedad, ocurrió hace un año, y en octubre pasado publicó su último artículo en la prensa oficial.
Las especulaciones sobre la supuesta muerte de Castro, se alimentaron por la ausencia de comentarios al acuerdo con Washington, y la inexistencia de reportes de que haya recibido a tres agentes cubanos acusaciones de espionaje que fueron excarcelados por Estados Unidos.

Hay en México más impunidad ahora que hace 25 años: Freedom House

Hay en México más impunidad ahora que hace 25 años: Freedom House

Se sigue privilegiando el uso de la arbitrariedad y la fuerza para resolver los múltiples problemas de seguridad y justicia que nos aquejan, señala Mariclaire Acosta.
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La impunidad en México es peor hoy que hace 25 años, consideró Mariclaire Acosta, directora de Freedom House México.
Recordó que cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari negociaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó su primer informe sobre México, bajo el título “una política de impunidad”, lo que dio origen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Un cuarto de siglo después, a pesar de todo lo que deja construido, la situación descrita por HRW poco ha variado en lo fundamental: en México se sigue privilegiando el uso de la arbitrariedad y la fuerza para resolver los múltiples problemas de seguridad y justicia que nos aquejan, y los operadores de las instituciones encargadas de ello, así como buena parte de la clase política, goza de inmunidad para hacerlo”, señaló.
Durante un seminario internacional sobre combate a la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos, convocado por organizaciones de la sociedad civil y por la Procuraduría General de la República, dijo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no se ha traducido en el disfrute cotidiano de ellos.
El seminario se realiza a cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ha sido financiado por la Fundación Mac Arthur, Open Society, la Fundación Konrad Adenauer y el Gobierno de Suiza.

lunes, 26 de enero de 2015

Un asesinato cada media hora, en 2014, durante el gobierno de EPN

Un asesinato cada media hora, en 2014, durante el gobierno de EPN

El Estado de México y Guerrero, los territorios más violentos.
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Mientras el staff presidencial alistaba una nueva mampara, un nuevo anuncio, un nuevo spot, otros 5 o 10 puntos para aparentemente resolver algún asunto, o un nuevo hashtag para colocarlo en las redes sociales, en diferentes partes del país, no dejó de escurrir la sangre.
En 2014 –segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto-, según las cifras oficiales, hubo17 mil 317  asesinatos dentro del territorio mexicano. Fueron 47 ejecuciones por día; prácticamente dos cada hora; uno cada treinta minutos. 
Ni el 2007 ni 2008 ni 2009 –primeros años del gobierno de Felipe Calderón- fueron tan violentos como 2014, aunque los números no llegaron -como antes- a las primeras planas.
En el presente sexenio se acumulan más de 35 mil homicidios dolosos, cifra que corresponde a la mitad de todas las ejecuciones cometidas en el sexenio anterior (70 mil muertes, aproximadamente).
Eso sí, las cifras oficiales marcan una reducción de homicidios dolosos el año pasado, si se compara con los años 2010, 2011, 2012, siempre arriba de las 20 mil muertes violentas cada año.
Ocho territorios fueron los más violentos en 2014: 
-Estado de México (2 mil 278 asesinatos)
-Guerrero (mil 514 asesinatos)
-Chihuahua (mil 289 asesinatos)
-Michoacán (mil 85 muertes violentas)
-Jalisco (mil 25 ejecuciones)
-Sinaloa (986 homicidios dolosos)
-Tamaulipas (947 asesinatos)
-Y el Distrito Federal (814 asesinatos).
En el resto de los estados, los homicidios dolosos fueron menos de 800 en el año.
También hubo zonas que no se tiñeron completamente de rojo.
Aguascalientes y Yucatán fueron los estados con menos asesinatos. En el primero hubo 44 muertes violentas en todo el año; en el segundo, 42, lo que lo convierte en el más pacífico de todo el territorio. Es decir, unas tres o cuatro muertes cada mes.
Otros estados que podrían separarse de la República de la muerte son: Tlaxcala y Campeche, donde se cometieron 66 y 67 homicidios dolosos, respectivamente. Cinco o seis muertes violentas cada mes.
En contraste, los dos estados más violentos vivieron hechos que provocaron conmoción en el resto del territorio nacional.
Los 2 mil 278 asesinatos contabilizados en el Estado de México deberían incluir a los 22 muertos en Tlatlaya, donde se realizó un operativo militar que terminó con la vida de esas personas, en circunstancias que aún siguen sin esclarecerse por completo. También deben incluir los feminicidios y las muertes en transporte público, durante algún asalto.
Mientras que los mil 514 asesinatos cometidos en Guerrero, seguramente incluirán a algunos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a los decapitados de Chilapa. Y a los sacerdotes ejecutados…
Sin embargo, las cifras oficiales no incluyen ni una historia, detrás de los 17 mil 317  muertos.