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jueves, 20 de agosto de 2015

Enfrenté una maquinaria como la del PRI: Corral

Enfrenté una maquinaria como la del PRI: Corral

Tras perder la elección de dirigente del PAN, indicó que encabezará una corriente que actúe como una verdadera oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
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El candidato del PAN a la presidencia nacional del PAN, Javier Corral, reconoció que los resultados de la elección del domingo le son “más adversos de lo esperado”, por lo que si bien éstos le favorecen aRicardo Anaya, “es un triunfo basado en la iniquidad”.
En rueda de prensa, luego de darse a conocer los resultados preliminares del proceso interno del PAN, Corral Jurado dijo que “veíamos la cargada por todo el país y estábamos en un esfuerzo a contracorriente, pero nunca pensamos que los resultados nos fueran a ser tan desfavorables”.
Acompañado por algunos miembros de su planilla, Corral consideró que el triunfo de Anaya “está trazado por la simulación, corrupción, iniquidad y un padrón inflado”, por lo que no está dispuesto a integrarse a la dirigencia encabezada por el queretano.
Señaló que nunca pensó que en esta elección interna se enfrentaría con una maquinaria oficial como la que pone en marcha el PRI en todas las contiendas.
Subrayó que de ahora en adelante se concentrará en exigir al nuevo dirigente nacional del PAN que cumpla con su discurso anticorrupción y haga públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses.
Confirmó que no renunciará a su militancia panista, ya que pretende quedarse para encabezar una corriente que actúe como una verdadera oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Corral advirtió que todos los delitos electorales registrados durante la elección de este domingo quedarán en la impunidad, porque no existe ninguna instancia confiable para que castigue a los responsables de acciones como el acarreo.
Aseguró que el movimiento que encabezó quiere que el PAN recupere su identidad y principios, por lo que “vamos a estar muy al pendiente del ejercicio de los compromisos que se hicieron en esta campaña, y dar seguimiento puntual al ejercicio de la nueva presidencia del partido”.
Asimismo, agregó, de la integración de los órganos del partido y también “vamos a articular este movimiento que nació hace 30 días y se logró por lo menos articular una base de apoyo en cada uno de los estados del país.
Por ello, consideró “si perseveramos y nos mantenemos articulados y seguimos comunicándonos, lo que podríamos hacer, en el mediano y largo plazo, es lograr que se hagan cambio aun contra la maquinaria.

El ‘narco’ corrompe para gobernar un gran sector de la sociedad: autor de “Más que plata o plomo” en CNN

El ‘narco’ corrompe para gobernar un gran sector de la sociedad: autor de “Más que plata o plomo” en CNN

En Colombia y México la guerra contra el narcotráfico es "para evitar que quienes lo controlan gobiernen un pedazo de la sociedad... existen muchos factores que entorpecen la capacidad para gobernar esos espacios".
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El libro Más que plata o plomo “apunta a concebir el poder del narcotráfico en algo más que su capacidad de amenazar o corromper, los narcotraficantes en Colombia y en México gobiernan largos pedazos de la sociedad. Es la gran diferencia de cuando un narcotraficante corrompe a la autoridad de Estados Unidos, que cuando corrompe a las autoridades en Colombia y México”, señaló el politólogo y autor del libro,Gustavo Duncan.
En entrevista para Aristegui CNN, expuso que “en Estados Unidos (el narco) corrompe a las autoridades pero sólo para que los dejen traficar o para salir de la cárcel, en Colombia y en México cuando las autoridades corrompen al Estado, las corrompen para que los dejen gobernar un gran sector de la sociedad, eso es lo preocupante, más que la plata o el plomo“.
“El gran problema de la guerra contra el narcotráfico y la razón por la cual es tan sangrienta, es que cuando un cártel se enfrenta a otro, se enfrentan por el derecho de gobernar una parte de la población. Sólo gobernando una parte de la población pueden controlar el tráfico de drogas”, indicó.
“En regiones periféricas o intermedias en que gobiernan junto al Estado, para podermantener el derecho de controlar el tráfico de drogas, es necesario gobernar a la sociedad. No puede aislarse lo uno de lo otro”, detalló.
Dijo que “si uno va a la sierra de Sinaloa, el control del Estado llega hasta la carretera pavimentada, ahí lo divide el control entre le cártel de Sinaloa y la policía, una autoridad compartida. Se sale de la carretera y se entra a un territorio que es controlado por el cártel, en el sentido que el cártel asume las funciones de gobierno. Cobra impuestos, vigila como la policía y administra justicia”.
Aclaró que “quien quiera quitarle ese territorio al cártel, tiene que entrar y asumir esas mismas funciones, si no la población entera va a apoyar al cártel que está ahí”.
“Podríamos decir que las posibilidades de generar disidencias son nulas, por temor, pero también hay parte por concenso”, afirmó Duncan.
“Hay elementos de legitimidad, lo mismo pasó con Pablo Escobar pudo hacer la guerra al Estado contra la segunda ciudad de Colombia porque controlaba unos barrios de Medellín a través de los bandidos. Es decir un bandido de Escobar que era un general, en el sentido que poseía territorio en Medellín, disponía de la gente y el control de una comunidad entera”.
“No se trata de una guerra por los corazones y las mentes de la población, es una guerrapor sus hígados y tripas. Sin duda una guerra llena de violencia y en algunos casos se acepta por pura resignación, en otros casos hay procesos de concertación. ¿Por qué un sector de la población acepta ser gobernada por criminales y no por el Estado? Creo que se da porque los narcotraficantes lograron procesos de inclusión. El narcotráfico no necesito una gran ideología”, aseveró.
El narcotráfico “es la oportunidad de producir un medio de cambio valioso en los mercados mundiales, de regiones apartadas como muy bajas… de repente la gente llega a ese mundo moderno”, sostuvo.
Tenemos “un grave problema en México y en Colombia: para poder resolverlo, hay que crear instituciones acorde a las demandas de inclusión de esos sectores que el narco logró incluir a su manera. Incluso otros sectores aprovecharon, por ejemplo la clase política”, puntualizó.
“Clase política de la periferia vio con recelo a los narcos porque les llegaron a usurpar su poder pero eventualmente los narcos les dieron recursos y ellos pudieron acumular un poder que nunca antes hubieran soñado y pudieron ser influyentes en el poder central”, señaló.
“Pablo Escobar y Joaquín ‘Chapo’ Guzmán son personajes distintos, pero el ‘Chapo’ hay que reconocer que es un personaje muy importante del narcotráfico en México, líder de un cártel, el de Sinaloa… se encarga de someter a las otras facciones de Sinaloa que habían conquistado otros territorios a lo largo de México. Es el último gran capo”, consideró.
Pareciera que la situación de México “alcanzó un pico y ahora está reducieéndose, la lección de México, a pesar de los defectos y todos los errores en la guerra contra el narcotráfico, le puso un límite a los narcos. Era muy difícil evitar la guerra… parece que México entra ya en un descenso”.

miércoles, 19 de agosto de 2015

Osorio se reunió con padres de normalistas, previo a informe de la CIDH

Osorio se reunió con padres de normalistas, previo a informe de la CIDH

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace 11 meses, mantienen la exigencia de presentación con vida de sus hijos.
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió el sábado 15 de agosto con padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con quienes revisó el avance en las investigaciones, luego de la desaparición de los jóvenes septiembre del año pasado. El funcionario se anticipó así al informe que presenta este lunes la Comisón Interamericana de Derechos Humanos, cuyos expertos han insistido en realizar entrevistas con el Ejército Mexicano; el próximo seis de septiembre darán su informe final. 
Según un comunicado de la Segob, en el Salón “Juárez” de la dependencia, el secretarioescuchó las propuestas y demandas de los familiares de los estudiantes normalistas y se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente en el seguimiento del caso.
Osorio Chong estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y por los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Francisco Cox Vial y Alejandro Valencia Villa.
Asimismo por el presidente ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas, Jaime Rochin, y por el Jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castillo.
A la reunión también acudieron integrantes de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes; representantes de los Centros de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. 

Un video destruido y ropa de los normalistas de Ayotzinapa, en informe de expertos de CIDH

Un video destruido y ropa de los normalistas de Ayotzinapa, en informe de expertos de CIDH

El informe final, de seis meses de trabajo del grupo de expertos, será presentado el domingo 6 de septiembre.
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Un importante video que pudo servir en las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue destruido, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su quinto informe de labores presentado sobre el caso.
Además, ropa encontrada en algunos de los autobuses en los que viajaban los normalistas no fue procesada dentro de la investigación por la Procuraduría General de la República.
Los expertos resaltaron algunos puntos como: el avance en el cumplimiento de peticiones por parte de la PGR; la limitación para la realización de entrevistas a miembros el Batallón 27 de Infantería; la posible destrucción de evidencia videográfica y el hallazgo en el expediente de ropa de los normalistas que no había sido utilizada como evidencia para la investigación. 
El grupo vio “con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
Sobre las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos, el informe expuso: “El 29 de junio, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) encontró en el expediente que en fecha 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”.
Los miembros del grupo de expertos lamentaron que el gobierno mexicano no les permitirá entrevistar a militares por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
También mencionó que “no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y sin embargo en este caso es remitido a la vía penal”.
El grupo de expertos de la CIDH, conformado por Francisco Cox, de Chile; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago, de Colombia; Carlos Beristán, de España  y Alejandro Valencia, de Colombia, presentará su informe final el próximo 6 de septiembre.
No obstante, el grupo vio con buenos ojos las reuniones entre la procuradora Arely Gómezy el secretario Miguel Ángel Osorio Chong con los familiares y los nuevos testimonios otorgados por los normalistas, además de la solicitud de la realización de peritajes incluyendo uno relativo a las autopsias de los normalistas asesinados.
Aquí el informe íntegro:

martes, 18 de agosto de 2015

La matanza en Tanhuato: ¿dónde están los peritajes?

La matanza en Tanhuato: ¿dónde están los peritajes?

Más del 70% de las víctimas tenían el tiro de gracia en la nuca, revela peritaje en poder de Carlos Loret; preparan versión manipulada, alerta.
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Han pasado casi 3 meses de los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el Rancho del Sol, ubicado en los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, y hasta ahora no se han presentado los peritajes, las autopsias ni un informe oficial sobre el supuesto enfrentamiento en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía federal.
Sólo quedó una conferencia de prensa y el encuentro con medios del comisionado nacional,Monte Alejandro Rubido, quien sostuvo que las fuerzas federales respondieron al ataque de los civiles y los únicos que se rindieron fueron los tres detenidos.
“Fue una situación donde el grupo delincuencial tomó la decisión de confrontar a las fuerzas del orden, de no someterse a las mismas, salvo el caso de estas tres personas”, declaró el comisionado en un encuentro con la prensa internacional.
Sin embargo, peritajes en poder del periodista Carlos Loret de Mola contradicen la versión oficial: señalan que más del 70% de las víctimas aparecen con el tiro de gracia en la nuca y un cuerpo no presentaba impacto de bala, sino múltiples golpes; también se concluye que los cuerpos fueron movidos y las armas sembradas.
Hasta ahora, dichos peritajes no han sido desmentidos oficialmente.
No obstante, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, comentó -en entrevista para Radio Fórmula- que toda la indagatoria sobre este caso fue realizada por la Procuraduría de Michoacán; “no tenemos incluso averiguación abierta”, dijo.
La semana pasada, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, consideró que éste es un tema concluido porque ya no está en manos de las autoridades estatales.
“No está en manos del estado, para nosotros es tema concluido, hay que preguntarle a la Procuraduría (PGR) qué falta en el proceso… Nosotros terminamos y se entregó el peritaje… es parte de la investigación, nosotros no lo hacemos público”, reconoció.
Al respecto, Carlos Loret preguntó si la PGR se atreverá a publicar el “verdadero” informe y alertó que podrían dar a conocer una “versión manipulada”:


En el mismo sentido, la periodista Sanjuana Martínez publicó en Sin Embargo:
“Esa versión, la oficial, choca frontalmente con la versión de los familiares y testigos de este suceso considerado como la “segunda matanza” de Michoacán en lo que va del año, después de Apatzingán del pasado 6 de enero, donde la misma Policía Federal es señalada por la ejecución de 16 personas. La tercera fue el ataque del Ejército en Ostula, donde murió un niño de 11 años y hubo varios heridos…”.

Cazan a testigos de la masacre en Apatzingán (video)

Cazan a testigos de la masacre en Apatzingán (video)

Laura Castellanos hace 6 horas
Sobrevivientes y víctimas indirectas de los hechos del 6 de enero en Apatzingán narran en este
 video la persecución en su contra 
por parte de policías estatales y presuntos criminales

lunes, 17 de agosto de 2015

Masacre de Apatzingán: Los desplazados de Castillo

Masacre de Apatzingán: Los desplazados de Castillo

Esta es la tercera entrega de la reportera Laura Castellanos sobre la masacre de Apatzingán ocurrida el 6 de enero de 2015, en la que intervinieron policías federales y militares con un saldo de al menos 16 civiles muertos. El 19 de abril el portal de Aristegui Noticias, la revista Proceso y Univisión retomaron el trabajo de la reportera Laura Castellanos, en el cual 39 testigos aseveraron que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos distintos. El 24 de mayo Aristegui Noticias y Proceso difundieron la segunda investigación, que en este portal se tituló “La intervención del ejército”, en la que, de acuerdo a documentos ministeriales, entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar de Michoacán participaron en el primer evento. En esta tercera entrega se difunde cómo en la persecución contra las víctimas han participado policías estatales y municipales. Las tres entregas de la periodista registran que en la masacre de Apatzingán hay una cadena de responsabilidades a todos los niveles para encubrir un cúmulo de hechos impunes que apuntan a un crimen de lesa humanidad
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MORELIA, MICHOACÁN.- En el jardín de la sacristía de una iglesia en las afueras de Morelia,Alexander Madrigal Marmolejo, sobreviviente de la masacre de Apatzingán del 6 de enero de 2015 -en la que murieron al menos 16 civiles-, testigo ese día de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías federales, y familiar de 3 de las víctimas, sujeta su biblia, y con angustia, expresa las razones por las que está en la clandestinidad: “Me quieren matar”. Manifiesta: “Pienso que porque yo vi cómo fueron los hechos”.
El hombre treintañero era autodefensa y relata que ese día atestiguó que los policías federales, tras atacar una caravana de civiles desarmados en avenida Constitución, avanzaron hacia los civiles resguardados tras sus camionetas, los hincaban , éstos se alzaban las playeras para mostrar que no portaban pistolas, y “se reían y les disparaban, los mataban a sangre fría”. Además, observó cómo después los efectivos impidieron el ingreso de dos heridos al Hospital General Ramón Ponce para que murieran en la banqueta sin ser atendidos: “los federales dejaron que se desangrara la gente”, señala.
Madrigal asegura que tras los hechos del 6 de enero testigos como él son perseguidos por fuerzas federales y el cártel de los Caballeros Templarios, y que dicha persecución se ha extendido a las familias, como es el caso de su esposa y su suegra, que han sufrido encarcelamientos arbitrarios con tortura a manos de policías estatales. Por esas razones, el hombre que se dedica a la venta de autos y al corte del limón, su madre y sus tres hijos de 7 a 13 años, se han convertido en casos de desplazamiento forzado, dice, ante la indiferencia o complacencia gubernamental. “No confiamos en la autoridad, menos en Apatzingán, están vendidos“. Por esa razón en junio pasado, gracias a un conocido, decidió exponer su caso ante una misión de observación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Otros sobrevivientes o víctimas indirectas, de igual forma, buscan recurrir a instancias internacionales ante la inacción de las instituciones mexicanas por las violaciones de derechos humanos que han vivido.
Alexander es hermano de Miguel e Hilda Madrigal Marmolejo, cuñado de Berenice Martínez Cortés, y amigo del joven Guillermo Gallegos Madrigal, trabajador de su hermano. Vecinos captaron a los victimados con sus celulares tras la masacre: los cuatro cadáveres estaban sobre el suelo, apretados entre sí, el de su hermano con el cráneo reventado y los sesos expuestos, los otros con la carne desgarrada por el impacto de balas de alto calibre. Debajo de los cuerpos, los palos que portaron como armas. Eran cuatro de las 8 víctimas del saldo oficial, que de acuerdo a Alfredo Castillo, ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), perecieron por “fuego cruzado” cuando la citada caravana de civiles dio alcance a un convoy de la Policía Federal.
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Foto: Especial
El ex autodefensa explica que la persecución en contra de su familia inició el 15 de enero de 2015, nueve días después de la masacre. Narra que ese día, a las 20:00 pm, al terminarse los rezos del novenario celebrado en casa de su madre, en la colonia El Varillero en Apatzingán, policías estatales irrumpieron en la vivienda y en la tienda de abarrotes de la propiedad de la misma. Golpearon a su esposa Brenda Pérez García y le robaron 150 mil pesos de un préstamo que habían conseguido para pagar las cajas funerarias y se la llevaron junto con su suegra María Estela Pérez García.
La madre de Madrigal, la señora Hilda Marmolejo, si bien interpuso una denuncia por los hechos del 6 y del 15 de enero contra quienes resulten responsables de los delitos de “homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, violación a la ley de armas de fuego y explosivos y lo que resulte”, asentada en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/012/2015, tampoco confía en la justicia mexicana. Por la vulnerabilidad de la familia decidió recurrir a Barack Obama, a quien le manifiesta a través de este reportaje: “le quiero pedir al presidente de los Estados Unidos a ver si me podía dar amnistía para mí, mis nietos y mi hijo”, expresa con llanto.
El registro de los hechos del 15 de enero se consignó en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/043/2015, cuya copia tiene la reportera. En dicha Averiguación Previa cuatro policías ministeriales, una estatal y uno municipal, declararon que de 30 a 80 elementos participaron en el operativo en el que arrestaron a las dos mujeres y a dos hombres: el albañil Otoniel Chino Peñaloza, pareja de la consuegra, y el elemento de la Fuerza Rural Antonio de Jesús Barrera Tafolla. Los consignaron como narcomenudistas, en posesión de 3 armas largas y 5 cortas, que según ellos capturaron in fraganti a bordo de una camioneta a las 2:30 am en la colonia citada. Sin embargo, los cuatro negaron las imputaciones y afirmaron que se les torturó. Están recluidos en penales de Nayarit.

La esposa de Barrera, que pide el anonimato por seguridad, expresó en entrevista realizada en Tierra Caliente, que a su esposo lo detuvieron a las 8:00 pm cuando estaba con ella y su hija de 6 años indagando el precio de unos tabiques en una zona conurbada de la colonia El Varillero. La joven dijo que el convoy policiaco llegó sobre ellos y, sin razón alguna, a su esposo y a ella los torturaron en plena calle en presencia de la pequeña. Narra: “la niña quedó bien traumada, no puede ni salir, porque ve a un policía y se agarra llorando”. En la Averiguación Previa citada ella declaró lo vivido. La misión de las Naciones Unidas se reunió también con los 4 encarcelados en penales de Nayarit y decidió darles acompañamiento. La oficina declinó por el momento dar una entrevista.
Otro caso es el de un joven herido gravemente ese 6 de enero al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) basado en Washington, identifica como “Alejandro” en la “Medida Cautelar 251/15-Alejandro y otros, México”. En ésta pide al Estado mexicano le brinde medidas cautelares a él y a su familia porque el muchacho de 19 años “ha notado que policías federales lo han perseguido, que su hogar fue allanado por hombres armados en mayo de 2015 y que su hermano mayor fue secuestrado en dos oportunidades”. Se sabe que por dicha persecución una docena de sus familiares han sufrido desplazamiento forzado. La CIDH precisó que pese a que “Alejandro” recurrió al “Mecanismo de Protección para Defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación, la CEAV, no habrían sido aceptadas medidas concretas de protección”. Este caso también lo acompaña la citada oficina de la ONU en México.
Se solicitó entrevista a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación para saber cómo van las investigaciones de la masacre y de los casos citados, pero no hubo respuesta.
El silencio cunde sobre el 6 de enero. Ese día autodefensas y elementos de la Fuerza Rural del grupo G-250, creado por Castillo para combatir al cártel, protestaban portando palos en el Palacio Municipal de Apatzingán porque se les desarmaría pese a recientes agresiones de Templarios en sus comunidades. Los inconformes pertenecían al grupo de Los Viagra, cuyos líderes han sido acusados de encabezar un cártel, lo que ellos rechazan. En un primer evento, a las 2:30 am, un centenar de policías federales y militares atacaron el plantón y detuvieron a 44 personas. En un segundo evento, a las 7:45 am, una caravana de familiares y simpatizantes de detenidos y heridos, armados de palos, alcanzaron a un convoy de la Policía Federal en avenida Constitución para liberar a personas, que según ellos, llevaban heridos y clamaban por ayuda. Los policías les respondieron con armas automáticas. En la caravana iban los Madrigal.
TAMBIÉN LOS POLICÍAS ESTATALES
En el caso de los cuatro encarcelados, su Puesta a Disposición 84/2015 con fecha del 15 de enero de 2015 integró un único parte informativo signado por cuatro elementos de la Policía Ministerial encabezados por Hugo Salvador Alcaraz Martínez, la Policía Estatal Preventiva Alicia Mayorga Guerrero, y el Policía Municipal Antonio Juárez Pérez. En éste los policías declararon que a las 2:30 am, camino al Rancho de la Flor, al llegar a la calle Justino Ramírez de la colonia Ampliación El Varillero, observaron a un hombre y a una mujer de copiloto en una camioneta Chevrolet  tipo Pick Up color negro. Afirmaron: “Al pasar junto a la camioneta de frente, nos percatamos que la persona de sexo masculino se encuentra manipulando, con ambas manos, una arma larga y al notar nuestra presencia le mete cargador y corta cartucho, motivo por el cual descendemos de las unidades oficiales”.
De acuerdo a los policìas, en la caja de la camioneta había otro hombre con una mujer. Ambos hombres estaban armados mientras ellas llevaban ocultas bolsitas con una sustancia “al parecer cristal” entre sus ropas. Declararon que procedieron a la detención del grupo que estaba en posesión de una subametralladora, dos carabinas y cinco revólveres, 593 cartuchos de calibres varios,  756 gramos de una sustancia granulada “al parecer cristal”, y una bolsa de plástico con 131 billetes que sumaban 50 mil pesos. A los cuatro detenidos los acusaron de los delitos de portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos de las fuerzas federales y de posesión de metanfetaminas con fines de venta.
Los seis policías ratificaron sus declaraciones pero en el “desahogo de probanzas”,  cayeron en contradicciones. Manifestaron que en el operativo participaron “más de 30”, “50” u “80 elementos”. Se contradijeron a su vez al mencionar la ubicación en la que se encontraba la camioneta, que en la Puesta a Disposición ubicaron “de frente”. No obstante, en su ampliación ministerial uno de ellos describió que la vieron: al “costado izquierdo apuntando al noreste”, otra versión: “por la parte trasera hacia el oriente”, una más “de atrás hacia adelante”, una última: “no puedo responder esa pregunta porque era de noche y no conozco el lugar”.
Los cuatro detenidos negaron las acusaciones ante el Ministerio Público (MP) y presentaron querellas contra sus captores. Barrera afirmó además que no conocía a las otras personas. Todos aseguraron que los policías les propinaron golpizas en el cuerpo y ambos oídos, y les aplicaron descargas eléctricas e intentaron asfixiarlos con bolsas de plástico en la cabeza.
Barrera declaró al MP: “Me pusieron una chicharra en los testículos y me dieron toques eléctricos, fue entonces que mi esposa se acercó junto con mi niña llorando, la comenzaron a manosear y a golpear”. La tortura de la pareja en plena calle duró de las 20:00 a las 23:00 pm. Luego la mujer logró que la liberaran con la niña y a Barrera lo llevaron a una casa particular en la colonia Palmira, donde estaban los comandantes “Ríos” y “Martínez”, quienes “también empezaron a golpearme y a patearme la cabeza, me bajaron el pantalón y me golpearon con una tabla mojada y con un cinturón, y me amenazaban diciéndome que me meterían un tubo”.

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Entonces, prosigue Barrera, les tomaron fotografías, cuando “Frente a nosotros se encontraban elementos de diversas corporaciones, como Policías Federales, Policías de Fuerza Ciudadana y personal ministerial de la PGJ (Procuraduría General de Justicia)”. Las fotos fueron facilitadas a la prensa local.
La jueza Norma García Cabrera, secretaria del juzgado noveno del distrito, “Encargada del Despacho por vacaciones del titular”, les dictó Auto de Formal Prisión con el Proceso Penal 14/2015-II. Ignoró los testimoniales de la esposa de Barrera, de un trabajador del negocio tabiquero, y de una vecina y un vecino que acudieron al novenario, y que aseguraron que a los cuatro se les detuvo en circunstancias y lugares distintos y no se les decomisó nada en ese momento.
La jueza consideró que los policías “obraron con completa imparcialidad; que en autos no aparece que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, no se advierte falta de probidad en su dicho”. Con respecto a los testimoniales de familiares y conocidos, resolvió: “no existen prueba que apoyen sus dichos, en torno a que fueron detenidos en distintas circunstancias a las que mencionan los aprehensores (…)admitir como válida su manifestación unilateral, seria destruir todo mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de los inculpados”,
De igual forma desechó el certificado médico del doctor Luis Angel S. Duarte del Hospital General Ramón Ponce, emitió a la esposa de Barrera por las lesiones producto de la golpiza y los toques eléctricos, la misma noche de los hechos, a las 23:45 pm, casi dos horas y media antes que la hora señalada por los policías como la de la realización del operativo: 2:30 am. El doctor refirió en su certificado médico: “Se trata de una paciente femenina de 19 años de edad la cual refiere haber sido agredida verbal y físicamente por elementos de la policía estatal y ministerial”. Describió que la mujer presentaba en el cuerpo diversos moretones y escoriaciones  que “tardan en sanar más de 15 días”.
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La joven recibió descargas eléctricas en el antebrazo y la pierna
La entrevista se hizo a tres meses de los hechos y las marcas no habían desaparecido
NI JUSTICIA NI PROTECCIÓN
Alexander Madrigal vivía a unos metros de la cerrada en la que se encuentra la tabiquera. Dijo que el 15 de enero a las 8.00 pm, cuando su familia aún permanecía en casa de su madre tras terminarse el novenario, él se encontraba afuera de su tejaban cuando Barrera y su familia, a quienes no conocía, pasaron en dirección al negocio. Instantes después vio que un convoy de “unas diez camionetas” con policías “y gente civil armada” se dirigió veloz para impactar su tejaban, por lo que corrió a esconderse, y desde lejos escuchó “como estaban golpeando injustamente al muchacho”.
Madrigal dejó su ciudad porque dijo que, luego de que saquearan y quemaran su casa, en abril pasado, camionetas policiacas y de civiles armados le cerraron el paso a su vehículo para balacearlo y “no les interesó que llevara a mi niña de 8 años y así me tiraron con las R15”. Su situación es desesperante, agrega, porque no sólo ejecutaron a sus dos hermanos y a su nuera, encarcelaron a su esposa y a su suegra, y le saquearon y quemaron su casa, sino porque en medio de la persecución en su contra debe conseguir un trabajo para mantener a su madre y a sus tres hijos y solventar los gastos de una cirugía apremiante de coltoscopía, por lo que tiene que reunir 4 mil pesos para pagar la sangre que el hospital público le demanda para la operación.
La señora Marmolejo relata que tras la masacre de un momento a otro se quedaron sin nada: casas, bienes, escuela para los niños, medios de subsistencia. Decidió entonces buscar apoyo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,  y recibió 109 mil pesos para que saldara la deuda de las cajas funerarias. “Gracia hicieran con no pagar las cajas de mis hijos que los federales me mataron”, expresa. En cambio, apunta, no le dieron ayuda para vivienda o manutención, por lo que ahora su hijo se fue en busca de trabajo y ella y sus nietos sobreviven de “arrimados”, pero con grandes apuros, pues “a veces no tenemos ni para comer”.
La mujer afirma que en un primer momento el comisionado ejecutivo Adrián Franco de la CEAV le prometió a fines de abril apoyo para la vivienda, para que sus nietos regresaran a la escuela, para pagar las deudas generadas por su desplazamiento forzado y para instalar de nuevo una tienda de abarrotes. No lo cumplió. “Es un mentiroso”, expresa.
Franco por su lado asegura, sin particularizar, que el apoyo dado a las víctimas de Apatzingán es apreciado: “lo que hemos encontrado de las personas que hemos visto es agradecimiento”. Su oficina enlista además el apoyo brindado: 14 ayudas de trabajo social (despensas, canalización a programas sociales), 28 terapias psicológicas, 17 asesorías jurídicas, 3 canalizaciones médicas, y 5 trámites de familias para acceder a pagos funerarios.
La señora Marmolejo afirma que ante la imposibilidad de regresar a Apatzingán por razones de seguridad, le pidió a la CEAV que le ayudara a vender su casa para subsanar sus gastos, pero se negaron. Por lo que también le pregunta a Obama, “con todo respeto”, que “qué posibilidades tendría yo de que me ayudara a vender mi casa”.
Con respecto a la procuración de justicia, la señora Marmolejo sólo cree en la Divina. Por lo que manifiesta sobre Castillo, al que hace responsable de la masacre de Apatzingán: “Yo le digo a Alfredo Castillo que si tiene madre, le pida mucho que ruegue por él, porque Dios no creo que algún día lo oiga”, expresa. “Y ruego, yo de día, de mañana, de tarde, que el Divino Creador le dé su castigo”, sentencia posando las manos sobre sus papeles del CEAV.

“Hacia el cierre de Guantánamo”: informe de la CIDH

“Hacia el cierre de Guantánamo”: informe de la CIDH

Aborda la situación de derechos humanos de las personas detenidas en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, centro de detención que se ha convertido en un símbolo de abuso en todo el mundo, señala.
GUANTANAMO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la Base Naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en el que insta nuevamente al gobierno de Estados Unidos que cierre dicho centro de detención.
“La CIDH solicita que Estados Unidos juzgue ante cortes federales a los detenidos que están siendo procesados por comisiones militares; que garantice a los detenidos acceso a una revisión judicial adecuada de la legalidad de su detención; que proporcione a los detenidos y a sus abogados toda la prueba utilizada para justificar la detención; y que asegure el respeto del secreto profesional entre abogado y cliente. La Comisión solicita además que las cortes que conozcan estos casos realicen una evaluación rigurosa del material probatorio del gobierno para garantizar que toda detención en este contexto esté basada en prueba clara y convincente”, manifestó.
Recordó que “con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos decidió abrir un centro de detención en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para mantener a los individuos capturados en Afganistán y otros países en el contexto de la “guerra contra el terrorismo”. La administración de los Estados Unidos consideró que mantener a los detenidos fuera del territorio estadounidense privaría a las cortes federales de jurisdicción respecto de las denuncias de los detenidos; premisa que fue declarada inconstitucional siete años después”.
La CIDH lamentó que no se le haya permitido visitar el centro de detención, “lo que le hubiese permitido recolectar información de primera mano para la preparación del informe”.
No obstante, urgió que Estados Unidos investigue de manera exhaustiva e imparcial, procese y sancione todas las instancias de tortura y otros malos tratos que hubieran sido perpetrados contra los detenidos”.
Aquí el video y el informe:
Informe completo:


viernes, 7 de agosto de 2015

Líder comunitario de Aquila será reaprehendido

Líder comunitario de Aquila será reaprehendido

    Cemeí Verdía tienen una nueva orden en aprehensión en su contra, confirma su abogado
MORELIA, MICHOACÁN (28/JUL/2015).- Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor de Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario de Ostula, confirmó que la noche de este martes fue liberada una nueva orden de aprehensión en contra de su cliente, por lo que sería reaprehendido al salir del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

El nuevo delito que se le imputa, dijo, es por robo calificado, cometido presuntamente en contra del gobierno municipal de Aquila.

De esta forma Cemeí Verdía volvería a la cárcel para desahogar su cargo, pero según dijo su abogado, solicitaría que su cliente sea trasladado a la ciudad de Morelia, para enfrentar su cargo ya que es un delito del fuero común.

Hay una “cacería” de periodistas incómodos para Duarte: ‘Rapé’

Hay una “cacería” de periodistas incómodos para Duarte: ‘Rapé’

El caricaturista veracruzano, autoexiliado en el Distrito Federal, admitió que se siente inseguro y considera la opción de salir del país, tal como lo tuvo que hacer en 2011 después de abandonar Veracruz por amenazas.
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“Esto parece indicar a todas luces que es unacacería sistemática de periodistas incómodos para el gobierno de Veracruz”, afirmó el caricaturista Rafael Pineda -mejor conocido como Rapé-, en referencia al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el pasado viernes 31 de julio en el DF.
En entrevista para Aristegui Noticias, el monero confesó que se siente inseguro y que piensa en la opción de salir del país, tal como tuvo que hacerlo después de salir de Veracruz hace casi cuatro años. “Me siento confundido y aturdido, con muchas opciones en frente y en la mesa, la posibilidad de que pase algo. Tengo que pensar las cosas no muy despacio”, indicó.
Al menos 30 periodistas solicitaron asilo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2012, de acuerdo con Proceso en octubre de aquel año. Veinte de esos periodistas eran originarios del estado de Veracruz.
Rapé aseguró que se ha comunicado con otros colegas autoexiliados de Veracruz en el DF, “otro compañero (auto) exiliado también se encuentra muy asustado. Para él es un mensaje de que vienen por nosotros y sobre todo bajo la lógica de que está a punto de terminar el gobierno de Javier Duarte y es común que se den estos coletazos, es como una especie de venganza”.
En 2011 dos colegas del caricaturista del diario Milenio y la revista El Chamuco sufrieron un intento de secuestro y éste los refugió en su casa. Salió a la Ciudad de México a recibir un premio y cuando regresó vio un mensaje en su coche que decía “calladito”, el cual lo motivó a dejar el estado de Veracruz.
Después de autoexiliarse de Veracruz vivió por un tiempo en Francia y pudo optar por la opción del asilo en aquel país, “pero tenía perfectamente claro que no podía regresar a México en mucho tiempo para nada, y esa sola idea me hizo recapacitar. Hay mucho trabajo por hacer en México, hay muchísimo qué denunciar, qué demandar”.
Si algo amaba Rubén, era su libertad
Entre 2014 y lo que va del 2015, 80 periodistas han presentado quejas por hostigamientos o amenazas y a 20 de ellos se les otorgaron “medidas de protección dura” como policías que los escoltan, dijo el corresponsal de Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta, durante la marcha del domingo 2 de agosto en el DF, convocada tras del asesinato de Rubén Espinosa.
“Rubén, si algo amaba era su libertad y su independencia, no se hubiera permitido andar chambeando con dos policías al lado” explicó Zavaleta sobre el autoexilio de Espinosa en el Distrito Federal.
Noé incluso contó lo que Rubén le dijo por teléfono horas antes de ser asesinado: “Extraño mucho mis cuates, lo que más extraño son las escalinatas del café de La Parroquia y a mi perro”.
“Fuera de eso él me comentó que estaba contento en el DF”, agregó el corresponsal.
No obstante lo anterior, el director de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra, dijo en otra entrevista que el fotoperiodista se sentía perseguido.

Investigan a alcalde electo en Michoacán por desvío de recursos

Investigan a alcalde electo en Michoacán por desvío de recursos

    Tanto el actual edil como el ganador de comicios en Sahuayo son señalados por delito electoral
MORELIA, MICHOACÁN (29/JUL/2015).- La situación jurídica del presidente municipal de Sahuayo, Francisco Sánchez; del tesorero Marco Vinicio Ávila y del alcalde electo, Armando Tejeda Cid, señalados como presuntos responsables de un delito electoral, será definida el 3 de agosto.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que los dos servidores públicos y el edil electo están sujetos a un proceso penal por su presunta participación en el desvío de 1.8 millones de pesos utilizados para el financiamiento de la campaña política de Tejeda Cid.

Dio a conocer que los tres implicados se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en materia penal y rindieron su declaración preparatoria por su presunta responsabilidad en el mencionado delito electoral.

La presentación de los inculpados obedeció a la suspensión provisional que les fue concedida por el juez de distrito por la orden de aprehensión girada en su contra.

La Procuraduría michoacana afirmó que durante las diligencias ministeriales realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales pudo establecerse que hay indicios de que los funcionarios públicos utilizaron de manera ilegal fondos que tenían a su disposición en virtud de su cargo y que el candidato (ahora alcalde electo) los aprovecho.

Buscan a 3 por multihomicidio en la Narvarte; hay 2 testigos clave

Buscan a 3 por multihomicidio en la Narvarte; hay 2 testigos clave

Ya han declarado 20 personas y se han hecho 80 peritajes.
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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal busca a tres hombres relacionados con el homicidio de cinco personas -entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa- ocurrido el viernes pasado en un departamento de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, informó el titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que luego de analizar las cámaras de video vigilancia instaladas en la zona, se pudo acreditar que uno de esos sujetos abordó el vehículo Ford Mustang propiedad de una de las víctimas, mientras que los otros dos huyeron a pie y continúan las indagatorias para dar con su paradero.
Detalló que hasta ahora se ha tomado declaración a 20 personas, se han hecho tres inspecciones ministeriales y 80 peritajes, sin que se hayan encontrado botellas de licor en el lugar, mientras que el resultado de los exámenes toxicológicos se conocerá en las próximas horas.
Ríos Garza precisó que existen dos testigos clave: una mujer que habitaba el departamento donde ocurrieron los hechos  y un amigo del fotoperiodista, quienes han aportado datos para esclarecer los hechos. Éste último estuvo con Rubén la noche del jueves, horas antes de lo ocurrido, mientras que la primera estuvo en el departamento antes de que ocurrieran los asesinatos y fue la primera que reportó lo sucedido, cuando encontró los cuerpos.
Refirió que de acuerdo con las investigaciones, en el homicidio de las cuatro mujeres y un hombre se utilizó la misma arma de fuego, la cual no se encuentra relacionada con ningún otro hecho delictivo y en el lugar se hallaron cinco casquillos.
Expuso que los vecinos no escucharon ruidos extraños ni las detonaciones de arma de fuego y en el citado inmueble sus habitantes solían hacer reuniones de manera esporádica. Lo anterior, no obstante que uno de los vecinos declaró que no había existido ninguna fiesta la noche del jueves.
El titular de la PGJDF comentó que los tres presuntos responsables sacaron del departamento una maleta con objetos hasta el momento no determinados y dentro del lugar se encontró desorden propio de un saqueo.
En ese sentido, el funcionario capitalino precisó que serán citadas a declarar todas las personas que puedan aportar datos para esclarecer lo sucedido, y reiteró que no se descarta línea de investigación alguna.
Respecto a que una de las víctimas es de nacionalidad extranjera, detalló que ya se enviaron sus huellas dactilares al consulado de Colombia en México para confirmar su identidad, así como para conocer su calidad migratoria.
Ríos Garza agregó que las indagatorias continúan para dar con los presuntos responsables, por lo que en breve se espera que haya novedades sobre el paradero de los presuntos homicidas. 

jueves, 6 de agosto de 2015

Denuncian incumplimiento de acuerdos de Ostula

Denuncian incumplimiento de acuerdos de Ostula

    Los habitantes aseguran que el Gobierno no ha enviado agentes del Ministerio para investigar los hechos
MORELIA, MICHOACÁN (30/JUL/2015).-Habitantes de la comunidad de Santa María Ostula aseguraron que el Gobierno federal no ha enviado al agente de Ministerio Público Federal para investigar los hechos del pasado 19 de julio, como se comprometió hace una semana.

Tampoco han puesto fecha para hacer una visita a la comunidad antes del 7 de agosto.

Agustín Vera Ramírez, jefe de Tenencia de la comunidad y vocero de ésta, indicó que ellos están dispuestos a trabajar coordinadamente con el Gobierno, pero éste no parece estar dispuesto.

Recordó que se han firmado los acuerdos con las autoridades y son ellas las que los han roto; un ejemplo –dijo– es lo que ocurrió con el comandante de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, quien desde el primero de abril pasado fue integrado por el Estado a la Fuerza Rural y después se le arrestó.

Vera aseguró que los nuevos cargos contra Verdía Zepeda son "fabricados" y recordó que las declaraciones del gobernador de Michoacán, Salvador Jara, respecto a que el comandante de la policía comunitaria no podría regresar a la Fuerza Rural, demuestra que "les estorba".

“Repudiamos esa injusticia porque la comunidad ha sido golpeada y maltratada por el Estado, queremos respeto a nuestra forma de vida, no nos gusta la violencia o la agresión, somos pacíficos y actuamos de acuerdo a derecho; la demanda es que se libere a Cemeí y que se respeten las formas de gobierno propias de la comunidad”, señaló.

El representante de la comunidad nahua pidió que se haga la diferencia entre lo que es la policía comunitaria de Ostula y las autodefensas: “todas las acciones de la policía comunitaria pasan primero por la asamblea de comuneros y para nombrar a un policía (que dura un año en su cargo) lo tiene que aprobar la asamblea donde se toma en cuenta cómo es la persona a la que se designa, si participa en la comunidad, si es honorable y de confianza”.

Insistió en que se debe investigar la responsabilidad del Ejército y las fuerzas federales y estatales en los hechos del domingo 19 de julio, donde murió el niño Hidilberto Reyes García, de 12 años, pues la cantidad elementos desplegados en la zona ese día –unos mil 500 según sus cálculos– indica que se preparaba un operativo mayor.

“Nosotros pensamos que se trata de desaparecer a las comunidades indígenas y sus formas de gobierno, que se contraponen al capitalismo promovido por el gobierno mexicano, nosotros cuidamos el territorio para que lo hereden los que vienen, en las comunidades indígenas está la mayor riqueza del país y son cosas sagradas, no para enriquecerse; en la costa se busca entregar el territorio a empresas turísticas o mineras que transformarían toda la comunidad y nos quieren desplazar a la sierra”, indicó.

Finalmente, aclaró que no están en contra del Gobierno, pero que son acciones como las del domingo 19 las que han provocado que incluso organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas, estén poniendo atención en lo que pasa en el país.

“Son raras las veces que un personal de ese nivel viaja a una comunidad indígena y no creemos que sólo se quede en la visita, porque la ONU tiene facultad para emitir pronunciamientos”, opinó respecto a la visita realizada por personal de la organización a Ostula durante esta semana.

Crecimiento basado en atracción de capital extranjero, fracasó: académicos en CNN

Crecimiento basado en atracción de capital extranjero, fracasó: académicos en CNN

Proponen un fortalecimiento del mercado interno, en un manifiesto titulado "Reconstruyamos nuestra nación".
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Para elaborar el manifiesto Reconstruyamos nuestra nación, más de 100 académicos nos dimos a la tarea de debatir la agenda nacional, con un punto de partida fundamental, como es la política de desarrollo en el país, refirió Manuel Canto Chac, doctor en Sociología, en entrevista para Aristegui CNN
Su hipótesis fue: la política pública que ha mantenido el gobierno mexicano desde hace unas décadas, fracasó. La economía está estancada, el peor salario se paga en nuestro país, y no crecemos económicamente.
“Esta hipótesis que pretendió iniciar una nueva etapa de crecimientobasada fundamentalmente en atracción de capital extranjero, en el mercado externo, fracasó”, sostuvo. Por ello, ahora su principal demanda es que “volvamos a una hipótesis de mercado interno”.
Agregó que se debe revisar la estrategia de gobierno, la hipótesis que subyace en ella y el modelo.
Además de que a nivel internacional, “el modelo que descansó sobre todo en el fundamentalismo de mercado está haciendo agua por todas partes”.
“Un economista alemán planteaba las cosas de manera bastante clara: los países hoy desarrollados subieron por una escalera que implicaba proteccionismo industrial, subsidios, una serie de mecanismos. Una vez que llegaron a la cúspide de desarrollo, quitaron la escalera, y le dijeron a los demás países: ahora suban ustedes. Pero suban sin la escalera que utilizaron”, expuso.
Su propuesta es que en lugar de atraer más capital extranjero o exportar más, la prioridad del gobierno sea satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos.
Apuntó una de las necesidades: el salario. Chac aseguró que si no hay una recuperación del salario no hay crecimiento económico.
Puso el ejemplo de que en Brasil disminuye la pobreza y en México no. “Ningún programa por sí solo puede disminuir la pobreza, si no se acompaña de una articulación entre política social y política económica. En Brasil sí crece el salario… vayamos a una nueva articulación: política social, política económica, sobre un marco de estado de derecho”, planteó el sociólogo.
En el manifiesto que suscribió, se explica que la ciudadanía ha perdido autoestima.
“Recuperar autoestima implica por un lado ser consiente de que tengo derechos… a través del proceso participativo ir construyendo las condiciones para recuperar autoestima como para cambiar la senda de desarrollo”, explicó.
Y mencionó que “hay condiciones para que nuestro pueblo pueda salir de una actitud indolente a una participativa, que lleve a transformar las cosas”. Lo anterior se puede conseguir, por ejemplo, con una “amplísima alianza entre todos los agraviados para ir convergiendo”, logrando ”2 o 3 acuerdos básicos”.
La recuperación de la autoestima se puede lograr con una democracia realmente de la ciudadanía, participativa, por los instrumentos que pone a disposición de ella, añadió.
Por su parte, José Luis Caballero, director del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, indicó que, con el manifiesto, los cientos de académicos que lo firman buscan “salir de la academia a la incidencia social, expresar la voz de que no estamos encerrados en el cubículo sino que tenemos una posición sobre los temas nacionales”.
“Al modelo neoliberal se le ha criticado mucho: esta apuesta por lo internacional y por subirnos a una escalera que habían quitado, y no una fortaleza interna, sino que nos mandan al tema de libre comercio pensando que era la panacea”, comentó.
“No hay estudios que demuestren claramente que la apertura al capital extranjero y al libre comercio como lo hizo México indiscriminadamente, vayan al desarrollo nacional”, acotó.
Por ello proponen una articulación entre el modelo económico y el fortalecimiento hacia el mercado interno.
“Estamos en una crisis humanitaria y en un modelo económico rebasado, aunque hayamos obedecido el consenso de Washington, al Fondo Monetario, el Tratado de Libre Comercio”, abusó.
Para el académico, el Estado debe hacer una apuesta por la ciudadanía, empoderarla, entusiasmarla, por ejemplo con los organismos autónomos, o herramientas como la consulta ciudadana.

Federico Carrizo, último refuerzo de Cruz Azul

Federico Carrizo, último refuerzo de Cruz Azul

El delantero viene a préstamo procedente del Boca Juniors. (Foto: Getty Images)
Cruz Azul por fin tendrá sus cinco refuerzos extranjeros en México. El último de ellos será el delantero Federico Carrizo, quien llegará este jueves al país.
Carrizo procede de Boca Juniors y llegaría a préstamo a La Máquina celeste.
Aunque que Carrizo es delantero, su desempeño es de extremo, y completaría la lista de cinco extranjeros del club celeste junto a Jorge Benítez, Fabio Santos, Ariel Rojas y Fernando Belluschi.

La Corte revisará amparo por vigilancia y retención de datos a usuarios de ‘telecom’

La Corte revisará amparo por vigilancia y retención de datos a usuarios de ‘telecom’
El amparo fue presentado por organizaciones de la sociedad civil, activistas, ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos.
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Un Tribunal colegiado envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo interpuesto por laRed en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), contra los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establecen, entre otras cosas, que concesionarios entregan datos -incluso la geolocalización- de sus usuarios.
“Dichos artículos facultan a autoridades –que no se especifican en la ley– a obtener la geolocalización de dispositivos en tiempo real; obligan a proveedores de telefonía a retener datos de todos los usuarios por 24 meses; y a conceder acceso a esos datos sin que se establezca de manera explícita la necesidad de autorización judicial”, señaló la red en un comunicado.
En septiembre de 2014, presentó una demanda de amparo contra esos artículos, y acusó “la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), organismos facultados para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones”.
En febrero de 2015, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones decidió no conceder el amparo en el expediente 116/2014. Pero la Red interpuso un recurso de revisión (50/2015) para revertir la decisión del Juzgado, el cual fue resuelto el lunes 3 de agosto de 2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quién decidió enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.
“De esta manera, el más alto tribunal de México analizará por primera vez la constitucionalidad de normas de vigilancia de comunicaciones como la retención de datos, la cual ya ha sido declarada contraria al derecho a la privacidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por los más altos tribunales de Alemania, República Checa y Reino Unido, entre otros”, subrayó.
Aquí los referidos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:
  1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes.Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna;
  2. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:
    1. a)  Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;
    2. b)  Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);
    3. c)  Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;
    4. d)  Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;
    5. e)  Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;
    6. f)  En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;
    7. g)  La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y
    8. h)  La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.
    Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud.
    La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, los cuales deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del presente artículo. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
  1. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, que así lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente;
  2. Contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas a que se refiere este Título.Para efectos de lo anterior, los concesionarios deberán notificar a los titulares de las instancias a que se refiere el artículo 189 de esta Ley el nombre del responsable de dichas áreas y sus datos de localización; además deberá tener facultades amplias y suficientes para atender los requerimientos que se formulen al concesionario o al autorizado y adoptar las medidas necesarias. Cualquier cambio del responsable deberá notificarse previamente con una anticipación de veinticuatro horas;
  3. Establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo o extravío de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de los servicios contratados. Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad de fabricación del equipo;
  4. Realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular.Los concesionarios deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante la autoridad competente o ante los propios concesionarios;
  5. Realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
  6. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen;
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Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.